Podemos considerar que el servicio de televisión es un bien público. La televisión es un bien no rival en el consumo. Que un espectador más encienda su televisor no impide que otros puedan hacer lo mismo. Además, tradicionalmente tampoco ha existido exclusión, pues las ondas llegan a todos, y bastaba con tener una antena y un televisor.
Sí que es cierto que actualmente los avances tecnológicos han conseguido que algunas cadenas de televisión puedan emitir en cerrado, y sólo mediante codificadores y el pago de una suscripción es posible acceder a su contenido.
Tenemos en España cadenas públicas (TVE1, TVE2, y las regionales). Pero no todo el que quiera puede emitir. El espectro electromagnético es limitado, por lo que las cadenas privadas operan gracias a unas licencias otorgadas por el Gobierno.
Estas cadenas se financian mediante publicidad, cotizan en bolsa… pero la televisión pública la pagamos los ciudadanos íntegramente desde la nueva ley que eliminó la publicidad.
La cuestión es, habiendo tantas cadenas privadas, ¿es necesaria la televisión pública?
La televisión está definida por la ley como un servicio público esencial. Esto es así porque la información y la cultura se consideran tan importantes como cualquier otro derecho de los ciudadanos, y la televisión es probablemente el medio más utilizado por las masas para este fin. Parece, por tanto, que el Estado debería actuar a fin de garantizar estos derechos.
Es evidente que las cadenas privadas no son del todo imparciales. Si fueran objetivas, daría igual en qué canal escuchásemos las noticias porque en todos dirían lo mismo. Pero esto no es así, y cada una da un enfoque según sus ideales. Por otro lado, el resto de programas emitidos en ellas, en su mayoría, no tienen precisamente contenidos muy “culturales”, y mucho menos variados. Su misión no es culturizar, sino ganar dinero.
Parece necesaria, por consiguiente, la existencia de cadenas públicas, que sean imparciales a la hora de informar, y que ofrezcan contenidos culturales variados, para todos los gustos, diferentes de los existentes en las cadenas privadas.
En este sentido, es totalmente coherente la desaparición de la publicidad, al igual que no se encuentran anuncios en los hospitales o en las autopistas. Además ahora parece que así “tenemos más derecho a quejarnos” si estamos descontentos con la programación de los canales públicos, pues somos los que la financiamos íntegramente.
Canales públicos y privados pueden coexistir sin ningún tipo de problema, ofreciendo así al ciudadano una mayor libertad de cómo informarse y qué ver en su tiempo libre.
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