El agua potable no es un bien público, es un bien privado. El agua que es consumida por una persona no puede ser consumida por otra, por lo que hay rivalidad. También se puede establecer exclusión mediante precios. Estos bienes pueden ser producidos tanto por empresas públicas como privadas, y ambas tienen costes de producción.
Este verano, la ONU reconoció el acceso al agua potable y servicios de saneamiento como un derecho humano esencial, al mismo tiempo que instó “a todos los países y organizaciones internacionales a aportar recursos financieros y tecnológicos con el fin de lograr un acceso universal poco costoso al agua potable y el saneamiento”.
¿Sobre quién recae esta obligación?
Parece en principio que sería el Estado el encargado de proveer el agua potable a todos los ciudadanos. Así sucede en algunas ciudades españolas, como Burgos, en la que el suministro del agua está a cargo del Ayuntamiento, pero en otras ciudades ha pasado a manos privadas (Aguas de Barcelona, Aquagest, Aqualia…).
Si ya tenemos las instalaciones, y se pueden imponer tarifas de precios que no sean descabellados, ¿no se obtendrían mejoras con la privatización?
- Los usos del agua mejorarían. En España hay grandes plantaciones agrícolas que despilfarran el agua debido a su bajo coste, y estro trae consecuencias como las grandes sequías.
- Otra mejora tendría lugar en la calidad del agua corriente. El Estado carece de incentivos para mejorar y mantener un suministro de calidad, lo que es más notable en unas ciudades que en otras. Las empresas sí los tendrían, pues habría una competencia entre unas y otras, y lucharían mediante calidades por una mayor cuota de mercado.
- La privatización del agua permitiría una correcta imputación de los precios y de la rentabilidad esperada a los distintos bienes de capital relacionados con el suministro de agua. Hoy en día las inversiones en pantanos, desalinizadoras, tuberías y trasvases diversos se hacen sin ton ni son. El Estado ignora si estas obras son rentables (y cuál de sus estructuras tecnológicas y trazados es más rentable), precisamente porque no existe un precio del agua que permita calcular su valor presente.
Los que se oponen a la privatización del agua temen que las personas más pobres no podrán pagar por su agua; pero el Estado tampoco está consiguiendo con sus métodos que disfruten de estas condiciones de acceso al agua potable, pues uno de los primeros requisitos necesarios es poseer una cédula de habitabilidad, que es el documento que certifica su idoneidad de un inmueble para su uso como vivienda. ¿Acaso no hay cientos de personas que no poseen una vivienda digna?
Quizás las empresas privadas pudieran ofrecer una solución para que el agua llegue a todos.
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