Antes de entrar en un análisis más profundo sobre esta materia, conviene en principio explicar qué se entiende por bienes públicos y qué son los bienes privados. Podemos encontrar al respecto numerosos artículos, pero todos ellos nos llevan a las mismas conclusiones.
Podemos tomar como ejemplo las explicaciones del profesor Wayne Leighton:
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Leightoncadepbienes&p=leightoncadepbienes&b=20&e=512
Por tanto, se puede decir que los bienes privados son aquellos en los que se dan ambas características: rivalidad y exclusión. Mientras que estaríamos ante bienes públicos puros cuando su consumo no es rival y es imposible excluir a nadie de su uso. Muchos bienes presentan en alguna medida posibilidad de exclusión, pero no hay rivalidad. Estos son los denominados bienes públicos impuros o mixtos. Un caso particular es aquel en que hay consumo rival, pero no es posible la exclusión. Esto sucede con los recursos comunes (agua, bosques...).
Parece que, en principio, el Estado debería ser el encargado de suministrar los bienes públicos puros, pues que para que actúe el sector privado debe ser posible algún tipo de exclusión (generalmente mediante precios), pues este sector se mueve por los beneficios, y si no van a obtener ningún tipo de beneficio económico no tienen incentivos para suministrar el servicio.
Por otro lado, cuando es posible la exclusión, lo más eficiente es que esos bienes sean suministrados por el sector privado. Sin embargo, el Estado, en ocasiones suministra también estos bienes, como es el caso de la educación o la sanidad. Esto es tanto apoyado como criticado por diversos sectores de la sociedad. De cualquier modo, parece que atiende en gran medida a consideraciones morales y a los derechos fundamentales de las personas.
Podemos decir, para finalizar, que el papel del Estado consiste en suministrar los bienes públicos y evitar los fallos de mercado.
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