sábado, 11 de diciembre de 2010

La televisión

Podemos considerar que el servicio de televisión es un bien público. La televisión es un bien no rival en el consumo. Que un espectador más encienda su televisor no impide que otros puedan hacer lo mismo. Además, tradicionalmente tampoco ha existido exclusión, pues las ondas llegan a todos, y bastaba con tener una antena y un televisor.

Sí que es cierto que actualmente los avances tecnológicos han conseguido que algunas cadenas de televisión puedan emitir en cerrado, y sólo mediante codificadores y el pago de una suscripción es posible acceder a su contenido.



Tenemos en España cadenas públicas (TVE1, TVE2, y las regionales). Pero no todo el que quiera puede emitir. El espectro electromagnético es limitado, por lo que las cadenas privadas operan gracias a unas licencias otorgadas por el Gobierno.
Estas cadenas se financian mediante publicidad, cotizan en bolsa… pero la televisión pública la pagamos los ciudadanos íntegramente desde la nueva ley que eliminó la publicidad.


La cuestión es, habiendo tantas cadenas privadas, ¿es necesaria la televisión pública?

La televisión está definida por la ley como un servicio público esencial. Esto es así porque la información y la cultura se consideran tan importantes como cualquier otro derecho de los ciudadanos, y la televisión es probablemente el medio más utilizado por las masas para este fin. Parece, por tanto, que el Estado debería actuar a fin de garantizar estos derechos.

Es evidente que las cadenas privadas no son del todo imparciales. Si fueran objetivas, daría igual en qué canal escuchásemos las noticias porque en todos dirían lo mismo. Pero esto no es así, y cada una da un enfoque según sus ideales. Por otro lado, el resto de programas emitidos en ellas, en su mayoría, no tienen precisamente contenidos muy “culturales”, y mucho menos variados. Su misión no es culturizar, sino ganar dinero.

Parece necesaria, por consiguiente, la existencia de cadenas públicas, que sean imparciales a la hora de informar, y que ofrezcan contenidos culturales variados, para todos los gustos, diferentes de los existentes en las cadenas privadas.
En este sentido, es totalmente coherente la desaparición de la publicidad, al igual que no se encuentran anuncios en los hospitales o en las autopistas. Además ahora parece que así “tenemos más derecho a quejarnos” si estamos descontentos con la programación de los canales públicos, pues somos los que la financiamos íntegramente.

Canales públicos y privados pueden coexistir sin ningún tipo de problema, ofreciendo así al ciudadano una mayor libertad de cómo informarse y qué ver en su tiempo libre.



Algunas páginas consultadas:




jueves, 9 de diciembre de 2010

La defensa nacional

La defensa nacional es uno de los típicos ejemplos de bien público puro. Además, se trata de un bien público no opcional. Es un bien que ofrece el Estado a todos los habitantes de un país, independientemente de que hayan pagado o no por él, y además es un bien o servicio que no sufre mermas en su capacidad o calidad lo usen pocos o muchos ciudadanos.



Nuestra Constitución establece en su artículo 30.1 que “Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”.


Al tratarse de un bien público, en principio debiera ser el Estado el encargado de suministrarlo, pues éste puede financiarlo mediante impuestos que obtiene de todos los ciudadanos, y así evitar el fenómeno de los free-riders. Así es como sucede en la mayoría de países, pero los “ejércitos privados” de mercenarios no son algo desconocido para la historia. En concreto, la Guardia Suiza es una organización de mercenarios que se encarga de la seguridad de la Ciudad del Vaticano.

¿Cuáles serían algunas de las consecuencias de un ejército privado?

  • Aparecería el problema de los free-riders, pues las personas que por su lugar de residencia u otros motivos se sintieran menos protegidas no contribuirían económicamente, pero estarían igualmente protegidos.
  • Las empresas deberían realizar fuertes inversiones de capital, por lo que sólo estarían dispuestas a llevarlas a cabo si el contrato se firma por un largo periodo de tiempo. ¿Y si no estamos satisfechos con la protección que nos están ofreciendo?
  • Si la empresa con la que tenemos contratada nuestra defensa nos “deja tirados” y pacta con una nación extranjera nos quedamos desprotegidos totalmente.
Para estos problemas se podrían buscar soluciones, por lo que el sistema privado de defensa nacional no parece del todo inviable.


La diferencia básica estaría en las motivaciones que mueven a cada uno de estos sistemas. En el sistema público existe cierto sentimiento de nación, mientras que el mercenario hace su trabajo únicamente movido por el ánimo de lucro.


Personalmente, considero que dado que la defensa nacional es un bien público, es preferible que sea suministrado por el Estado. Otra cosa es si es realmente necesario todo el gasto que se realiza en seguridad nacional dado que las posibilidades de que nuestro país sea atacado son ínfimas.



Algunas páginas consultadas:


martes, 7 de diciembre de 2010

La electricidad

La electricidad, como todos los bienes de los que he hablado hasta ahora, es un bien privado. Hay rivalidad, pues la energía eléctrica que consume un ciudadano ya no puede ser consumida por otro, y transformar un Kw más de energía supone un coste. También es fácil establecer la exclusión: si no pagas, te “desconectan”.

 

Endesa, una de las empresas del sector eléctrico español con más poder, comenzó su proceso de privatización ya en 1988, el cual culminó en el año 2000, en el que pasa de ser una corporación semiestatal a ser una empresa privada.
http://es.wikipedia.org/wiki/Endesa#Accionistas


El 1 de julio de 2009 entra en vigor la Ley 27/2007 por la que se liberaliza el mercado eléctrico. Hasta este momento, los consumidores contrataban sus servicios con los distribuidores, pero a partir de esta fecha en el mercado aparecieron varios comercializadores a través de los cuales se podía contratar la luz. En teoría, ahora el consumidor tendrá la posibilidad de contratar la energía con la compañía que quiera, aprovechando las ofertas o rebajas que le ofrezcan, por lo que debería bajar el precio de la energía.

Pero esto no ha sido del todo cierto, pues parece que los precios se han mantenido, e incluso consiguiendo las mejores ofertas el ahorro anual que se puede conseguir es mínimo.


Puede que el fallo esté en que este “aumento de la competencia” no sea del todo cierto en el sentido de que resulta muy engorroso estar haciendo nuevos contratos cada vez que encontramos una oferta mejor, y la gente generalmente prefiere ahorrarse el papeleo y pagar un poco más. Si los trámites fueran más sencillos y rápidos el sistema funcionaría mejor.


Otra causa de los elevados precios puede estar relacionada con el mayor coste de la producción de energías renovables. Pero si es este el motivo, personalmente prefiero pagar un poco más por la electricidad y contribuir al cuidado del medio ambiente, que ahorrarme unos pocos euros y destruir el planeta.


Otras páginas consultadas
http://www.ocu.org/suministros-y-energia/liberalizacion-del-mercado-electrico-un-fracaso-s488984.htm
http://www.expansion.com/2010/06/02/empresas/energia/1275512872.html?a=58aa1d1553ff1cbb207b6be156dc9bec&t=1292082339

viernes, 3 de diciembre de 2010

El agua potable

El agua potable no es un bien público, es un bien privado. El agua que es consumida por una persona no puede ser consumida por otra, por lo que hay rivalidad. También se puede establecer exclusión mediante precios. Estos bienes pueden ser producidos tanto por empresas públicas como privadas, y ambas tienen costes de producción.

  

Este verano, la ONU reconoció el acceso al agua potable y servicios de saneamiento como un derecho humano esencial, al mismo tiempo que instó “a todos los países y organizaciones internacionales a aportar recursos financieros y tecnológicos con el fin de lograr un acceso universal poco costoso al agua potable y el saneamiento”.


¿Sobre quién recae esta obligación?
Parece en principio que sería el Estado el encargado de proveer el agua potable a todos los ciudadanos. Así sucede en algunas ciudades españolas, como Burgos, en la que el suministro del agua está a cargo del Ayuntamiento, pero en otras ciudades ha pasado a manos privadas (Aguas de Barcelona, Aquagest, Aqualia…).
 
 
Si ya tenemos las instalaciones, y se pueden imponer tarifas de precios que no sean descabellados, ¿no se obtendrían mejoras con la privatización?
  • Los usos del agua mejorarían. En España hay grandes plantaciones agrícolas que despilfarran el agua debido a su bajo coste, y estro trae consecuencias como las grandes sequías.  
  • Otra mejora tendría lugar en la calidad del agua corriente. El Estado carece de incentivos para mejorar y mantener un suministro de calidad, lo que es más notable en unas ciudades que en otras. Las empresas sí los tendrían, pues habría una competencia entre unas y otras, y lucharían mediante calidades por una mayor cuota de mercado. 
  • La privatización del agua permitiría una correcta imputación de los precios y de la rentabilidad esperada a los distintos bienes de capital relacionados con el suministro de agua. Hoy en día las inversiones en pantanos, desalinizadoras, tuberías y trasvases diversos se hacen sin ton ni son. El Estado ignora si estas obras son rentables (y cuál de sus estructuras tecnológicas y trazados es más rentable), precisamente porque no existe un precio del agua que permita calcular su valor presente.
  
Los que se oponen a la privatización del agua temen que las personas más pobres no podrán pagar por su agua; pero el Estado tampoco está consiguiendo con sus métodos que disfruten de estas condiciones de acceso al agua potable, pues uno de los primeros requisitos necesarios es poseer una cédula de habitabilidad, que es el documento que certifica su idoneidad de un inmueble para su uso como vivienda. ¿Acaso no hay cientos de personas que no poseen una vivienda digna?
Quizás las empresas privadas pudieran ofrecer una solución para que el agua llegue a todos.
 
 
Otras páginas consultadas:
 


miércoles, 1 de diciembre de 2010

Las pensiones de jubilación

Las pensiones de jubilación se caracterizan como un bien privado. La exclusión no presenta ningún problema, bastaría con excluir a aquellos que no hayan cotizado durante su vida laboral. La rivalidad se presenta en tanto que los fondos a distribuir son limitados.


En España, en el sistema público de pensiones, éstas se pagan con las aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores activos. El problema parece ser que se debe al gran aumento de la esperanza de vida, a la incorporación cada vez más tardía al mundo laboral, y a la baja natalidad, en un futuro no muy lejano, el sistema no será sostenible. ¿Qué soluciones existen?






Teniendo en cuenta las causas que nos llevan a esta situación, lo más efectivo sería lograr un espectacular aumento de la tasa de natalidad mediante políticas sociales que lo incentiven. Pero esta medida no es viable a corto-medio plazo.

Otra solución podría ser la de crear millones de puestos de trabajo, para acoger a trabajadores inmigrantes, y así equilibrar la balanza entre trabajadores y jubilados. Algo impensable teniendo en cuenta la situación actual del mercado de trabajo.

Una alternativa más sería la de privatizar el sistema actual de pensiones. Pero esta alternativa introduce numerosos riesgos como se ha observado con la actual crisis en países como Holanda.



Por lo tanto, parece que las únicas medidas posibles que sean efectivas a corto plazo, son el retraso de la edad de jubilación, el aumento de las cuotas de cotización, o bien, aumentar la base de cálculo de la cotización de 15 a 20 o 25 años. Con esta última medida se reduciría el gasto del Estado, pues se supone que en los primeros años trabajados se cobra menos, y por tanto se cotiza menos, y al realizar el cálculo la media de la cotización es menor, y por lo tanto la pensión percibida también. Pero estas medidas también presentan inconvenientes:


Sea como sea, lo que está claro es que hay que tomar alguna medida de forma inmediata si no queremos que “nos pille el toro”.

Otro aspecto que aumenta el gasto del Estado, muchas veces, desde mi punto de vista, de manera injusta, son las pensiones no contributivas. Parece lógico que el Estado de protección a todos y cada uno de los ciudadanos, pero no me parece justo que cobren prácticamente la misma pensión personas que han cotizado, pero no durante el tiempo suficiente, que personas que nunca han cotizado.



Quizá sería interesante un sistema mixto, en el que los fondos para las pensiones se obtuvieran mediante impuestos obligatorios para todos los ciudadanos. Así correspondería a todos sin excepción una pensión mínima, para todos de la misma cuantía. Por otro lado, los que deseen una pensión mayor, podrían voluntariamente bien cotizar a la seguridad social, bien hacer un plan de pensiones.

Otra idea que me ha parecido interesante como complemento al sistema de pensiones ha sido la posibilidad de que las mujeres puedan complementar su periodo de cotización en función de los hijos que hayan tenido para así poder tener derecho a una pensión.


Otras páginas consultadas:

http://despilfarro.com/consejos-para-conseguir-una-pension-de-jubilacion-alta/