lunes, 29 de noviembre de 2010

La educación

Según sus características, la educación es un bien privado, pues cumple los principios de rivalidad y exclusión. Sin embargo, la Constitución española de 1978 reconoce en su artículo 27 la educación como un derecho fundamental al decir que "todos tienen derecho a la educación". Además añade que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita".


Por lo tanto, la educación básica obligatoria debe ser suministrada por el Estado. Esto está relacionado con consideraciones tales como que las oportunidades de los jóvenes no deben depender de la riqueza de sus familias. Además, la educación supone una inversión de futuro para el Estado, pues está formando a los futuros trabajadores, que cuanta mejor cualificación tengan más productivos serán y eso redundará en beneficios futuros, siempre y cuando estos permanezcan en España.

De todos modos, existen también en España numerosos colegios privados. No voy a entrar en debate sobre qué tipo de enseñanza es mejor, pues ambas tienen sus ventajas e inconvenientes. Lo que sí está claro es que el sistema educativo en España está fallando, como demuestran de forma reiterada los informes PISA, y quizás la primera medida que considerar sería aumentar el gasto en educación, al menos hasta alcanzar la media de la OCDE.



En cuanto a la enseñanza superior, existen en España 77 universidades, 50 públicas y 27 privadas. Pero el precio de las matriculas resulta muy elevado para familias de clase media. Es cierto que se conceden becas dependiendo del nivel de renta, pero este sistema tiene muchos fallos.

Por ejemplo, los estudiantes de familias pobres podrán acceder el primer año a la universidad con una beca. Pero probablemente tendrán que compatibilizar sus estudios con un trabajo para llevar dinero a casa, por consiguiente, puede que sus resultados no sean lo suficientemente buenos como para mantener la beca, y tendrán que abandonar la universidad.

Además, tampoco se incentiva a los alumnos a estudiar más, pues aquellos cuyas familias tengan un alto nivel de renta, nunca van a obtener una beca por muy buenos que sean sus resultados. Y los que reciben beca, sólo se ven incentivados a estudiar para aprobar, pues el “aprobado” es el único requisito para mantenerla.

En mi opinión, un sistema que funcionaría para eliminar estos problemas, y que ya existe en algunas universidades de países como Holanda o Finlandia, sería entregar a los estudiantes una remuneración mensual en función de sus calificaciones. Esto serviría de incentivo para el estudio y además supondría una mayor igualdad de oportunidades. También sería interesante que las matriculas tuvieran diferentes precios dependiendo del nivel de renta.



Otras páginas consultadas:

http://www.pagina-aede.org/Murcia/FE4.pdf

http://www.eracareers.es/fecyt/guia/guiahtml20.jsp

http://www.tusbuscadores.com/notiprensa/display.php?ID=6546

http://porantonomasia.wordpress.com/2010/02/04/%C2%BFpagar-la-matricula-de-la-universidad-publica-en-funcion-de-la-renta/

http://www.ensilicio.com/2008/04/%C2%BFdebe-un-estudiante-mediocre-y-acomodado-pagar-todo-el-coste-de-la-universidad.html

miércoles, 24 de noviembre de 2010

La sanidad

Que la sanidad cumple las características de los bienes privados es algo fácil de ver: existe rivalidad, pues si los médicos atienden en un día a unas determinadas personas, no pueden atender a otras; y es posible establecer la exclusión de una manera sencilla y sin elevados costes mediante el cobro de un precio por la prestación del servicio.
Sin embargo en nuestro país contamos con un sistema de sanidad pública, suministrado por el Estado, pero, ¿cómo se financia éste sistema? El sistema nacional de salud se financia con presupuesto de las CC.AA. Además, éstas han recibido del Estado la capacidad de recaudar ciertos impuestos mediante los que pueden financiar la sanidad. También se cuenta con un fondo que sirve para compensar a las autonomías que no disponen de suficiente presupuesto para hacerse cargo del gasto sanitario.

Pero los gastos sanitarios año tras año son mayores, y mediante estos sistemas parece que no se obtienen fondos suficientes. Si no se dedican más ingresos, la capacidad del sistema sanitario se ve estancada, y surgen así las listas de espera. Para contener este problema, se han derivado enfermos a la medicina privada, a través de conciertos con clínicas privadas.
¿Sería privatizar el sistema sanitario una solución a este problema? Personalmente considero que una privatización supondría más inconvenientes que ventajas. Por un lado, se han realizado estudios que demuestran que en general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la provista por las instituciones sin afán de lucro.

http://www.vnavarro.org/?p=3294
Además se perderían las ventajas que ofrece el sistema público en cuanto a igualdad, pues en éste recibe el mismo trato tanto el más rico como el más pobre. Y las personas con menos ingresos no tendrían garantizado ni siquiera un nivel mínimo de asistencia por no poder pagarlo. Además, esto podría dar lugar a externalidades negativas, como la propagación de epidemias.
Por todo esto, se han realizado numerosas protestas en contra de las medidas tomadas en la Comunidad de Madrid en lo relativo a esta materia


http://atencionprimaria.org.es/articulo/372-unos-presupuestos-privatizadores-empeoran-sanidad-madrilena


Una forma alternativa de atajar algunos de los problemas de la sanidad pública podría ser la fijación de un porcentaje, accesible económicamente, del coste del servicio prestado que tuvieran que pagar los usuarios en función de su nivel de renta. Así se limitaría el sobreconsumo del servicio, pues el hecho de tener que pagar disuade de asistir al hospital si no es realmente necesario. También se contribuiría con esta medida a la financiación del servicio.Como aspecto negativo, cabe mencionar que a lo mejor, personas que necesitan de verdad asistencia médica, no acudan al hospital por no tener que pagar.

sábado, 20 de noviembre de 2010

Bienes privados suministrados por el Estado. Sistemas de racionamiento.



A veces, cuando el Estado suministra un bien privado, permite a los individuos consumir tanto como necesiten sin coste alguno. Hay que tener en cuenta que en el caso de estos bienes, producir una unidad adicional tiene un coste marginal, pero al ser gratuitos tendría lugar un consumo excesivo, tanto como que el individuo demandará hasta el punto en el que el beneficio marginal que le proporciona es cero.



Puede ocurrir que si los costes de gestión son muy altos, sea más eficiente que el bien privado sea suministrado por el Estado y que lo financie a través de impuestos, incluso cuando estos crean una distorsión. Hemos de comparar:

  • El ahorro de costes de transacción y la ganancia derivada del aumento del consumo

  • La pérdida provocada por un consumo excesivo del bien, y la pérdida provocada por las distorsiones que crean los impuestos utilizados para recaudar los ingresos necesarios para financiar la provisión del bien


Los Gobiernos tratan de encontrar algunas maneras de limitar el consumo de estos bienes. Esto es lo que se llama mecanismos de racionamiento:

  • El sistema de tasas por el uso. (Ejemplo: las autopistas de peaje). Este sistema tiene la ventaja de los que los costes son soportados por los que más se benefician. Pero la tasa por uso genera un consumo por debajo del nivel eficiente. Por otra parte, la gestión del cobro de las tasas, aumenta los costes de transacción.

  • La provisión uniforme. Consiste en suministrar la misma cantidad de bien a todo el mundo. Este sistema ahorra costes de transacción, pero, por lo general, los agentes tienen disposiciones a pagar diferentes. Si el bien fuera suministrado por una empresa privada, establecería un precio igual al coste marginal, y las cantidades demandadas serían distintas. El Estado establece una cantidad suministrada intermedia, en la que los que deseen comprar más pueden hacerlo, pero no así los que desean comprar menos, que consumirán en exceso.

  • Colas. El gobierno obliga a los ciudadanos a pagar un coste en forma de tiempo de espera. Este sistema tiene la ventaja de que es un criterio independiente de la renta. Sin embargo, las colas tampoco es un instrumento perfecto para determinar quién necesita más el servicio. La disposición a estar en la cola también depende del tiempo libre. Además, el coste del tiempo pasando haciendo la cola es una pérdida de bienestar de los consumidores de la que nadie se beneficia.


Noticias relacionadas:
http://www.larazon.es/noticia/1342-sanidad-plantea-una-tasa-por-el-uso-de-los-centros-de-salud

http://www.expansion.com/2010/08/02/empresas/transporte/1280743445.html?a=88e25f9e7c47880ad61f28a602d2c8d1&t=1291810216

http://www.lavozdeasturias.es/asturias/Medio-Rural-plantea-tasa-monte_0_352164798.html










jueves, 18 de noviembre de 2010

Los fallos de mercado

Los fallos de mercado tienen lugar cuando el suministro de un bien o servicio por parte del mercado no es eficiente, bien porque suministra más cantidad de lo que sería eficiente, o porque proporcione menos cantidad. En cualquier caso, resulta muy difícil conocer la cantidad óptima de bienes que debe abastecerse, pues los consumidores no revelan sus verdaderas preferencias, exagerándolas cuando se trata de un bien gratuito, u ocultándolas cuando deberán pagar por él.

La mayoría de los bienes intercambiados en el mercado cumplen con los principios de rivalidad y exclusión. Son bienes privados puros. Estos no presentan, en principio, ningún tipo de problema pues se puede regular la cantidad que es necesario suministrar mediante los mecanismos de oferta y demanda. Sin embargo sí que surgen complicaciones cuando hay falta de competencia: monopolios naturales.

Las dudas aparecen cuando no se cumplen los principios de rivalidad y exclusión. La rivalidad distingue los bienes privados de los públicos.

Aunque fuera posible la exclusión, cuando un bien es no rival, no tiene sentido la exclusión desde el punto de vista de la eficiencia económica. Cobrar por un bien no rival (bien público impuro) provoca un subconsumo (ejemplo: autopista). Pero si no se cobra, no habrá entonces ningún incentivo para suministrarlo, y el fallo de mercado tendrá la forma de suministro insuficiente.


Si además el bien no es excluible (bien público puro), aparecen los free riders (usuarios gratuitos o polizones). Éstos no contribuyen económicamente a la provisión del bien, pero como no es posible la exclusión, finalmente sí que utilizan el bien o servicio. Como es previsible este tipo de comportamiento por parte de los ciudadanos, las empresas privadas no estarán dispuestas a proveer el bien, por lo que deberá de hacerlo el Estado.



Las externalidades son efectos de las acciones de una persona o empresa que afectan a otra persona o empresa, pero por los que no se paga o cobra. Pueden ser positivas, si el efecto es beneficioso; o negativas si es perjudicial. La presencia de externalidades implica que el sistema de precios de mercado deja de alcanzar la solución eficiente, ya que los precios van a reflejar solamente los costes marginales privados, y no el coste marginal social, que recoge la existencia de efectos externos.

Posibles soluciones:

1. Internalizar la externalidad. Teorema de Coase.

2. Impuestos correctores o multas, en el caso de las externalidades negativas. Subvenciones en caso de externalidades positivas.

3. Regulación mediante normas (máximos de emisión, permisos, temporadas…)




Otras páginas consultadas:








lunes, 15 de noviembre de 2010

Bienes públicos y Bienes privados

Antes de entrar en un análisis más profundo sobre esta materia, conviene en principio explicar qué se entiende por bienes públicos y qué son los bienes privados. Podemos encontrar al respecto numerosos artículos, pero todos ellos nos llevan a las mismas conclusiones.
Podemos tomar como ejemplo las explicaciones del profesor Wayne Leighton:

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Leightoncadepbienes&p=leightoncadepbienes&b=20&e=512


Por tanto, se puede decir que los bienes privados son aquellos en los que se dan ambas características: rivalidad y exclusión. Mientras que estaríamos ante bienes públicos puros cuando su consumo no es rival y es imposible excluir a nadie de su uso. Muchos bienes presentan en alguna medida posibilidad de exclusión, pero no hay rivalidad. Estos son los denominados bienes públicos impuros o mixtos. Un caso particular es aquel en que hay consumo rival, pero no es posible la exclusión. Esto sucede con los recursos comunes (agua, bosques...).
Parece que, en principio, el Estado debería ser el encargado de suministrar los bienes públicos puros, pues que para que actúe el sector privado debe ser posible algún tipo de exclusión (generalmente mediante precios), pues este sector se mueve por los beneficios, y si no van a obtener ningún tipo de beneficio económico no tienen incentivos para suministrar el servicio.
Por otro lado, cuando es posible la exclusión, lo más eficiente es que esos bienes sean suministrados por el sector privado. Sin embargo, el Estado, en ocasiones suministra también estos bienes, como es el caso de la educación o la sanidad. Esto es tanto apoyado como criticado por diversos sectores de la sociedad. De cualquier modo, parece que atiende en gran medida a consideraciones morales y a los derechos fundamentales de las personas.
Podemos decir, para finalizar, que el papel del Estado consiste en suministrar los bienes públicos y evitar los fallos de mercado.

Otras páginas consultadas: